VISTOS: RESUMEN DEL CASO.- En providencia de fecha viernes 04 de agosto del año dos mil diecisiete, las 15h40 se convocó a las partes para el día MARTES 22 DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIETE, a las 11h00 horas a la Audiencia Única de Extinción de la pensión de alimentos, propuesta por el señor JOSUE FERNANDO FELIX CASTILLO, a la cual comparecieron: El actor incidental conjuntamente con su Abogado Santiago Iván Zambrano Ávila; la demandada señorita MARÍA ANTONELLA FELIX MONTENEGRO por sus propios derechos. La audiencia, se ha susntanciado conforme a las reglas del Debido Proceso y del COGEP y habiéndose seguido el trámite previsto para este tipo de casos, este juzgador de forma oral procedió a emitir de forma motivada la correspondiente resolución en la que resolvió desechar la demanda incidental de EXTINCIÓN de alimentos, ratificándose la pensión alimenticia para la alimentaria, en esta causa, esto es, para: la señorita MARÍA ANTONELLA FELIX MONTENEGRO la misma que rige a partir de la presente resolución conforme dispone el artículo innumerado 8 del Código de la Niñez y de la Adolescencia; por lo que, de conformidad con los artículos 86, 93 y 95 del Código Orgánico General de Procesos en adelante COGEP, compete a este juzgador reducirla a escrito y motivadamente, para lo cual de modo previo se considera lo siguiente: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial conforme dispone el artículo 167 de la norma constitucional en concordancia con los artículos 1 y 9 del Código Orgánico General de Procesos, artículos 150, 156, 244 y 245 del Código Orgánico de la Función Judicial SEGUNDO: DE LA VALIDEZ PROCESAL.- A la presente causa, se la ha dado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral 4 del artículo 333 del Código Orgánico General de Procesos, habiéndose cumplido con el debido proceso y seguridad jurídica previstos en los artículos 76.1 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador sin que se haya omitido solemnidad sustancial que pueda afectar a la validez del proceso razón por la que se ha declarado su validez. TERCERO: IDENTIFACIÓN DE LAS PARTES.- La identificación de los comparecientes es como sigue: 3.1.- El actor incidental es JOSUE FERNANDO FELIX CASTILLO, portador de la cédula de identidad 0401221684, de estado civil casado, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión u ocupación empleado privado, domiciliado en el cantón Tulcán, provincia del Carchi. 3.2.- La identificación de la demandada incidental es: MARÍA ANTONELLA FELIX MONTENEGRO, con cédula de ciudadanía No.0402051429, de estado civil soltera, de mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión u ocupación estudiante, domiciliada en este cantón Tulcán, provincia del Carchi. CUARTO: DE LA ENUNCIACIÓN RESUMIDA DE LOS ANTECEDENTES DE HECHO.- 4.1.- JOSUE FERNANDO FELIX CASTILLO presenta demanda incidental de extinción de alimentos. Indica que la demandada actualmente 18 años de edad y no se encuentra estudiando 4.2.- La demandada da contestación a la demanda, no propone ninguna execpcion previa en el articulo 153 del COGEP, comparece a la diligencia de Audiencia acompañada de su patrocinador el Dr. Jorge Vilaña. QUINTO: DE LA DEMANDADA.- La demandada MARÍA ANTONELLA FELIX MONTENEGRO ha comparecido a juicio siendo citada en esta causa y ha contestado la demanda incidental de conformidad a los artículos 152 y 152 del COGEP. SEXTO: LA DECISIÓN SOBRE EXCEPCIONES PRESENTADAS, Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.- 6.1.- La parte demanda en si bien es cierto que ejerciendo su constitucional derecho a la defensa, por sus propios derechos, ha comparecido a juicio, a fin de no restringir su derecho a la defensa, no propone ninguna excepción de las cosnatntes en el artículo 153 del COGEP. 6.2.- De igual forma las partes, en observancia al numeral 2 del artículo 294 del COGEP se han pronunciado sobre el objeto de la controversia, el mismo que es: la EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA que se ha venido suministrando a favor de MARÍA ANTONELLA FELIX MONTENEGRO en este momento procesal y en aplicación al numeral 4 del Art. 294 IBIDEM el suscrito ha promovido la conciliación de las partes  intervinientes, circunstancia, ésta, que NO ha sido posible por lo que se da advenimiento a la prueba. SEPTIMA: DERECHOS CONSTITUCIONALES y CONVENIOS INTERNACIONALES.- 7.1.-Art. 44 de la Constitución de la República señala: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.- 7.2. El Art. 45 IBIDEM dice: Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.- 7.3.El Art. 69 en el numeral 1 de la Constitución dice: Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, prevé que se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 7.4. El numeral 16 del Art. 83 de la disposición legal invocada respecto a los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, prevé el asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. 7.5. La Convención sobre los derechos del Niño, en los Arts. 27, 29 y 31  señalan que: (27) 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.-(29)1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, el país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. (31) 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a partir libremente en la vida cultural y en las artes.2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.- 7.6. Los Arts. Innumerados 2, 4, 5, 15 y 16 de la Ley Reformatoria del Código de la Niñez y Adolescencia, respecto al derecho de alimentos prescriben: (2) Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. (4) Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar alimentos: 1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma;. (5).- Obligados a la prestación de alimentos.- “Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad…...” Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de negligencia. (15).- Parámetros para la elaboración de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas.- El Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas en base a los siguientes parámetros: a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los términos de la presente Ley; b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus dependientes directos; c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y, d) Inflación. El Juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de las pruebas presentadas en el proceso. Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año, considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general. En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente, el Juez/a a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago de una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación. (16) Subsidios y otros beneficios legales.- Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales: 1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el demandado; 2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia; y, 3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador de alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga derecho a dichas utilidades.- OCTAVA.- HECHOS PROBADOS, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, MOTIVACIÓN y CONCILIACION.- 8.1.- La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 168 numeral 6  refiere que  “La Administración de Justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:…dispositivo”; en concordancia con lo dispuesto en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, consagra el principio dispositivo, de inmediación y concentración, que en la parte pertinente se dispone: “…Las jueces y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley...; así también el “PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL”, normado en el Art. 27 Ibídem, por medio del cual, en la parte pertinente se dispone: “…Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes…”; en concordancia con los arts. 160 y 169 inciso 4   del Código Orgánico General de Procesos, la prueba debe  ser pertinente, útil y conducente y practicársela con lealtad y veracidad; esto en materia de familia, recaerá  en el demandado, es decir se revierte la carga de la prueba en cuanto a justificar los  ingresos  del obligado por alimentos. 8.2.- En el caso que hoy nos ocupa, en aplicación a los articulos 161 y 162 , en concordancia con el numeral 7 literal a) del COGEP, se Resolvió la Admisibilidad de los medios de prueba anunciados, esto es que la prueba ha sido conducente para intentar demostrar los hechos que han sido alegados y argumentados, en aplicación al artículo 164 del referido cuerpo legal, tenemos que la prueba es valorada en su conjunto y deacuerdo a la sana crítica, por lo que se realiza las siguientes consideraciones: a) Parte Actora: Prueba Documental se constituye en la partida de nacimiento de la demanda, documento que no es objetado por la parte demandada por lo que se la admite a trámite y b) Parte Demandada: Prueba Documental.- Adjunta certificado de estudios conferido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, documento que no es objetado por el actor incidental, cumpliéndose de esta manera los requsitos exigidos en los artículo 196 numeral 1 del COGEP, esto que la parte actora y la demandada ha exhibido y producido este tipo de prueba leyendo la parte del documento y demostrando su utilidad.; c- Del anális de los elemtos aportados por las partes se puede colegir que la beneficiria de esta causa tiene mas de 18 años de edad, pero de la misma manera se puede inferir que su situación jurídica se encuentra enmarcada en el numeral 2 del artículo innumerado 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir se ha justificado que esta cursando estudios superiores. NOVENA: RESOLUCION.- Por las consideraciones anotadas, de conformidad con lo previsto en el Arts. 44, 45, 69 numerales 1 y 5 y 83 numerales 16, 75, 82, 169,  175  y 226 de la Constitución de la República; Arts. 27, 29 y 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño; Arts. Innumerados  2, 4, 5, 6, 15, 16 y 32  de la Ley Reformatoria al Título V, Libro segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (R.O.S. No. 643 de fecha 28 de julio de 2009)  SE RESUELVE: 9.1.- DESECHAR la demanda Incidental de Extinción de la Pensión Alimenticia planteada por el señor JOSUE FERNANDO FELIX CASTILLO 9.2.- RATIFICAR la pensión alimenticia que el señor JOSUE FERNANDO FELIX CASTILLO, suministra mensualmente, a favor de su hija. 9.3.- Notifíquese con el contenido de este fallo a la Ing.  Carmen Durán, Liquidadora-Pagadora de esta Unidad Judicial para fines de ley respectivos y tenga en cuenta la pensión que ha sido ratificada. 9.4.- Sin Costas Procesales, ni Honorarios que regular, por no advertirse haberse litigado con temeridad o mala fe, de conformidad al Numeral 9 del Art. 95 del Código Orgánico General de Procesos. -Notifíquese y Cúmplase.- Ing.  Carmen Durán Liquidadora - Pagadora